El gobierno italiano ha decidido modificar su política fiscal para los residentes extranjeros adinerados, duplicando la tasa impositiva fija que se les aplica. Esta medida, que pone fin a los «favores fiscales» introducidos en 2017, busca aumentar los ingresos del Estado en un momento de dudas sobre si estos residentes acaudalados han invertido lo suficiente en el país.
En 2017, el gobierno italiano de centro-izquierda introdujo una atractiva tasa impositiva como incentivo para atraer a individuos adinerados que buscaban escapar de impuestos más altos en otras partes de Europa. Se esperaba que esta afluencia de riqueza beneficiara a la economía italiana. Sin embargo, la medida ha sido criticada, especialmente en Milán, donde se percibe que los extranjeros acaudalados han elevado los precios de las propiedades y el costo de vida.
El gabinete de Giorgia Meloni ha cedido a las presiones de los opositores y ha aprobado un aumento en el impuesto fijo anual sobre los ingresos en el extranjero para los nuevos residentes, pasando de 100.000 euros a 200.000 euros al año. Giancarlo Giorgetti, el ministro de Finanzas, ha expresado que el gobierno está en contra de crear competencia para ofrecer «favores fiscales» a los ricos, argumentando que países como Italia están destinados a perder en ese tipo de competencia.
La decisión del gobierno italiano se produce en un momento en que la primera ministra Meloni busca formas de aumentar los ingresos en medio de una situación financiera pública complicada. Sin embargo, se espera que esta medida haga solo una pequeña contribución para reforzar las finanzas públicas y haga poco para aliviar las preocupaciones de la Unión Europea sobre el gasto excesivo.
Roma está luchando por controlar un déficit presupuestario que alcanzó el 7,4% del producto interno bruto el año pasado, muy por encima del objetivo del 3% para los estados miembros de la UE. Aunque 1.186 contribuyentes se han beneficiado del impuesto fijo desde su introducción en 2017, ha sido difícil evaluar cuánto se ha reinvertido en Italia. El Tribunal de Cuentas italiano ha estimado que se pagaron 218 millones de libras esterlinas en impuestos bajo este esquema entre 2018 y 2022.
La Comisión Europea ha expresado preocupación por la vulnerabilidad económica de Italia, señalando tanto su alta deuda como un déficit que considera muy por encima de los niveles aceptables. En su revisión detallada de la economía italiana publicada en abril, la Comisión advirtió que «la alta deuda pública sigue siendo una vulnerabilidad importante para la economía italiana» y que los costos proyectados del servicio de la deuda superarán el 4% del PIB este año y el próximo.
Esta modificación en la política fiscal italiana refleja un intento de equilibrar la atracción de inversión extranjera con la necesidad de aumentar los ingresos estatales, en un contexto de creciente presión por parte de la UE para implementar reformas fiscales más estrictas. El impacto a largo plazo de esta medida en la economía italiana y su atractivo para los inversores extranjeros aún está por verse.