La batalla empresarial más intensa del panorama financiero español en años ha entrado en una nueva fase de tensión. Banco Sabadell ha lanzado una advertencia contundente a BBVA: en caso de que prospere su oferta pública de adquisición (opa) hostil valorada en 13.000 millones de euros, la entidad resultante no podrá generar sinergias ni ahorros de costes durante un periodo mínimo de tres a cinco años. Esta situación responde a la intervención del Gobierno español, que ha dejado claro que, aunque no puede impedir legalmente la adquisición, sí tiene competencias para bloquear la fusión efectiva de ambas entidades.
César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, explicó en una entrevista al Financial Times que, debido a la resolución del Ejecutivo liderado por el PSOE, cualquier intento de integración entre ambos bancos quedará suspendido por un plazo prolongado. “No se puede unificar nada”, afirmó tajantemente. Esta medida implica que no será posible combinar productos, sistemas informáticos ni estructuras operativas, lo que elimina cualquier posibilidad de sinergia, al menos durante los primeros años posteriores a la eventual adquisición.
El Gobierno ha justificado su decisión apelando a la necesidad de preservar la competencia y la diversidad del sistema bancario español, además del papel estratégico que juega Sabadell como banco de referencia en Cataluña. Esta intervención ha desencadenado una reacción inmediata de Bruselas: la Comisión Europea emitió una advertencia formal, exigiendo al Ejecutivo español revisar su decisión y modificar la legislación nacional que le otorga tales poderes de veto. La Comisión considera que esta actuación podría vulnerar los principios del mercado único europeo y frenar el proceso de consolidación bancaria dentro de la UE, que busca crear “campeones financieros” capaces de competir con los grandes grupos estadounidenses.
Una opa bajo presión y con un final incierto
Desde que BBVA lanzó su ofensiva en mayo de 2024, la operación ha estado marcada por la tensión política, las resistencias institucionales y las diferencias entre las dos entidades. Mientras que BBVA, el tercer mayor banco de España por activos, defiende que la fusión generaría ahorros anuales de hasta 850 millones de euros, Sabadell rebaja esas expectativas y estima que los beneficios reales apenas alcanzarían los 150 millones. El plan del banco azul, liderado por su presidente Carlos Torres, contempla someter la oferta a votación de los accionistas de Sabadell en septiembre, a pesar del clima adverso.
González-Bueno aprovechó la ocasión para redibujar el futuro estratégico de Sabadell con una visión centrada en el mercado español. La entidad anunció la venta de su filial británica TSB a Santander por 2.650 millones de libras, un movimiento que permitirá al banco catalán reforzar su balance, concentrarse en su negocio principal en España y devolver hasta 6.300 millones de euros a sus accionistas en los próximos tres años, en forma de dividendos. Esta maniobra no solo fortalece la independencia de Sabadell, sino que también complica aún más el argumento de BBVA sobre la necesidad de una integración para crear valor.
El anuncio coincidió con la publicación de los resultados semestrales de Sabadell, que alcanzó un beneficio récord de 975 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 23,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Estas cifras robustas llegan en un momento clave, cuando la entidad busca reforzar su legitimidad ante los accionistas y la opinión pública para resistir el asalto de su competidor.
Europa frente a sus contradicciones bancarias
Más allá del pulso entre dos bancos españoles, la disputa entre Sabadell y BBVA pone de relieve un dilema recurrente en el seno de la Unión Europea: la tensión entre la ambición declarada de fomentar la consolidación financiera paneuropea y el reflejo proteccionista de los gobiernos nacionales cuando sus intereses locales están en juego. Aunque Bruselas ha abogado en numerosas ocasiones por la creación de grandes bancos transfronterizos que refuercen la estabilidad del euro y la competitividad global, en la práctica los Estados miembros tienden a proteger a sus “campeones regionales”.
En este contexto, la decisión del Gobierno español podría marcar un precedente en el debate sobre la soberanía regulatoria nacional y el control político sobre las grandes operaciones corporativas. Mientras tanto, los accionistas de Sabadell tendrán la última palabra en septiembre, aunque incluso si aprueban la opa, la fusión prometida por BBVA se enfrenta a un largo y complejo camino, repleto de obstáculos legales, administrativos y reputacionales.
El desenlace de esta historia aún está por escribirse. Pero una cosa está clara: incluso en el mundo frío de las finanzas, las emociones políticas y los intereses regionales siguen teniendo un peso determinante.
