España, escudo verde: cómo las renovables blindaron a un país en tiempos de guerra
La apuesta española por la energía solar y eólica, largamente criticada por sus detractores, emerge hoy como una de las decisiones estratégicas más visionarias de la Europa contemporánea.
La guerra contra Irán ha sacudido los mercados energéticos globales con una violencia que muchos analistas no habían anticipado en toda su magnitud. El precio del petróleo se disparó, el gas natural volvió a convertirse en una moneda de extorsión geopolítica y los gobiernos europeos, acostumbrados ya a sobresaltos energéticos desde la invasión rusa de Ucrania, se encontraron de nuevo ante el abismo de la dependencia fósil. Sin embargo, en medio de ese panorama sombrío, un país del sur de Europa ha logrado capear el temporal con una solidez que sorprende incluso a sus propios socios comunitarios: España.
El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, no desaprovechó la ocasión. En los márgenes de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial celebradas esta semana en Washington, y en declaraciones a CNBC, el ministro presentó a España como un caso de estudio en resiliencia energética, subrayando que la apuesta sostenida del país por las energías renovables ha actuado como un auténtico cortafuegos frente a la volatilidad que el conflicto en Oriente Medio ha desatado sobre los precios del gas y el petróleo. No se trataba de un ejercicio de autocomplacencia gratuita. Los datos respaldan su argumento con una contundencia difícil de rebatir.
En 2019, el gas representaba el 75% de la generación eléctrica en España. Hoy, esa cifra se ha desplomado hasta el 16%. La transformación operada en apenas siete años es de una envergadura que pocas economías avanzadas pueden igualar. Mientras países vecinos veían cómo sus facturas energéticas se disparaban al ritmo de los obuses en el Golfo Pérsico, España mantenía unos precios de la electricidad entre los más bajos de la Unión Europea, en compañía de Portugal y algunos países nórdicos. La inversión masiva en energía solar y eólica, lejos de ser un capricho ideológico como han sostenido sus detractores, ha demostrado ser una decisión de Estado con consecuencias económicas muy concretas y mensurables.
Una economía que avanza mientras Europa titubea
Más allá del debate energético, la situación macroeconómica de España ofrece un contraste llamativo con el resto del continente. En un entorno europeo marcado por la estagnación alemana, las tensiones fiscales francesas y la fragilidad italiana, la economía española ha sido la de mayor crecimiento entre las economías avanzadas de Europa durante los últimos dos años. Es un dato que el ministro Cuerpo repite con la precisión de quien sabe que los números son su mejor argumento en una coyuntura política cargada de hostilidad.
A ello se suma un mercado laboral que ha vivido una transformación notable: España generó el año pasado el 40% de todos los empleos nuevos creados en la zona euro. La cifra es tan extraordinaria que invita a la cautela interpretativa, pues refleja también las debilidades estructurales de otras economías del bloque, pero no deja de ser un indicador elocuente de la vitalidad relativa de la economía española. En términos de deuda pública, el país se aproxima a los niveles anteriores a la pandemia, completando así un cuadro de estabilización que los mercados han recibido con notable serenidad.
Esta solidez económica no es un accidente ni el fruto exclusivo de la bonanza renovable. Responde también a una combinación de factores estructurales: el peso creciente del turismo internacional, la recuperación del consumo interno y una política fiscal que, con todos sus debates, ha logrado mantener la confianza de los inversores. Sin embargo, el componente energético actúa hoy como un multiplicador de ventajas competitivas que difícilmente habría existido sin las decisiones de inversión tomadas en la última década, a menudo contra el viento de la opinión pública y bajo el fuego cruzado de críticas parlamentarias.
Conviene no idealizar el cuadro. El propio Cuerpo reconoció ante las cámaras que los ciudadanos y las empresas españolas siguen sufriendo las consecuencias del conflicto iraní a través de precios más altos del combustible y los fertilizantes. La transición energética no crea un escudo hermético frente a una economía global interconectada; reduce la exposición, pero no la elimina. La industria española, especialmente la agrícola y la del transporte, sigue anclada en gran medida a los vaivenes del petróleo, una dependencia que ningún parque eólico puede suprimir de la noche a la mañana.
Entre Washington y Bruselas: el coste de una postura antibelicista
Si la fortaleza energética de España es la cara amable de esta coyuntura, la tensión con Washington es la cara que nadie habría elegido. El gobierno del presidente Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los críticos más audibles dentro de la Unión Europea frente a la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán. Sánchez ha calificado la crisis de “desastre” y, en lo que constituye un gesto de ruptura sin precedentes recientes en la relación transatlántica, España impidió que dos bases militares de gestión conjunta ubicadas en su territorio fueran utilizadas para lanzar ataques contra Irán.
La reacción de Donald Trump no se hizo esperar. En una declaración conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz el mes pasado, el presidente estadounidense amenazó con cortar las relaciones comerciales con Madrid, afirmando que la Casa Blanca no quería tratar con un país que adoptaba esa postura. A la amenaza comercial se le suma una vieja queja: la negativa de España a alcanzar el objetivo de gasto en defensa del 5% del PIB que la OTAN demanda a sus miembros, un porcentaje que el propio Trump ha convertido en piedra de toque de su política aliada.
En ese contexto, las palabras de Cuerpo en Washington adquieren una densidad política adicional. “España no quiso participar en este conflicto unilateral que está fuera del derecho internacional. Y eso es exactamente lo que hicimos”, dijo el ministro con una firmeza que, en el lenguaje diplomático habitual, equivale a una declaración de principios sin concesiones. Al mismo tiempo, señaló que su país no está solo: numerosos socios europeos han expresado posiciones similares frente al conflicto, aunque con menor exposición pública y menor coste político.
La amenaza arancelaria de Trump choca, no obstante, con una realidad jurídica e institucional que el presidente estadounidense parece pasar por alto con calculada frecuencia: la Unión Europea negocia sus acuerdos comerciales como un bloque único. Las empresas españolas operan en el mismo marco que las alemanas, las francesas o las italianas. Castigar a España de forma selectiva sin afectar al conjunto del mercado único europeo es, en la práctica, una tarea de complejidad extraordinaria, si no imposible, dentro de los marcos legales vigentes. Cuerpo lo subrayó con la tranquilidad de quien sabe que tiene el reglamento de su parte: “Las empresas españolas operan exactamente en el mismo entorno que las francesas, alemanas o italianas, porque tenemos una relación comercial única dentro de la UE con respecto a los EE.UU.”
El ministro añadió que los esfuerzos del gobierno se centran en consolidar el acuerdo comercial firmado en agosto pasado entre la Unión Europea y Estados Unidos, un texto que representa el horizonte natural de la relación bilateral y cuyo cumplimiento, insistió, debe ser la prioridad de ambas partes. Es una respuesta que busca desviar el foco de la confrontación y reencuadrar el debate en términos institucionales, por encima de la retórica personalista del inquilino de la Casa Blanca.
No obstante, el camino dista de ser llano. La transición energética española sigue acumulando cicatrices políticas. El gran apagón de abril de 2025, uno de los peores registrados en Europa en décadas, reabrió con virulencia el debate sobre la fiabilidad de un sistema eléctrico fuertemente dependiente de fuentes intermitentes. Algunos legisladores estadounidenses no dudaron en señalar directamente la agenda verde del gobierno Sánchez como responsable del colapso. El ejecutivo español rechazó esa versión con contundencia, y el informe posterior de Entso-e, el organismo europeo de coordinación de redes eléctricas, concluyó que no existía una causa única sino una combinación compleja de factores interrelacionados. Pero el daño reputacional, en un momento de polarización política extrema, no se repara con un informe técnico.
España se encuentra, así, en una posición paradójica y reveladora: es simultáneamente un modelo de transformación energética que otros países estudian con creciente interés y un gobierno asediado por la presión de Washington, las críticas internas por el apagón y las tensiones presupuestarias que impiden alcanzar los objetivos de defensa aliada. La fortaleza de sus cifras macroeconómicas y la valentía de su postura antibelicista coexisten con vulnerabilidades reales que ningún optimismo renovable puede borrar del todo. En el fondo, la historia de España en este momento no es solo la historia de un país que instaló muchos paneles solares. Es la historia de una apuesta estratégica que, en plena tormenta geopolítica, está dando sus primeros frutos tangibles, aunque el precio político de sostenerla sea cada vez más alto.