La política comercial de Estados Unidos volvió a convertirse en un instrumento de presión estratégica. Esta vez, el detonante no fue un déficit comercial ni una disputa tecnológica, sino Groenlandia, el vasto territorio ártico bajo soberanía danesa que desde hace años despierta el interés de las grandes potencias. El presidente Donald Trump anunció la imposición inmediata de nuevos aranceles a Dinamarca y a otros siete países europeos, una medida que, según advirtió, se endurecerá drásticamente si no se alcanza un acuerdo para la “compra completa y total” de la isla.
El anuncio, realizado en pleno fin de semana y amplificado a través de redes sociales, no tardó en provocar protestas en Nuuk y una oleada de reacciones diplomáticas en Europa. Lo que para la Casa Blanca se presenta como una maniobra defensiva en nombre de la seguridad global, para sus aliados supone un desafío frontal a décadas de cooperación transatlántica y a los principios básicos del derecho internacional.
El Ártico como tablero de poder
La decisión de Washington se apoya en una narrativa cada vez más frecuente en la política exterior estadounidense: la idea de que el Ártico se ha transformado en un escenario de competencia estratégica directa con China y Rusia. En palabras del propio Trump, ni Dinamarca ni Europa estarían en condiciones de proteger Groenlandia frente a esas ambiciones, un argumento que utiliza para justificar tanto la presión económica como su reiterado deseo de adquirir el territorio.
Sin embargo, en las capitales europeas esta visión se percibe como una simplificación interesada. En las últimas semanas, varios países aliados han reforzado su presencia militar en la isla mediante ejercicios conjuntos, una iniciativa coordinada dentro del marco de la OTAN. Para Trump, esas maniobras representan una “situación peligrosa”; para Europa, son una respuesta transparente a un entorno de seguridad cada vez más volátil.
El contraste de interpretaciones no es menor. Mientras Estados Unidos plantea el control directo como garantía de estabilidad, sus socios insisten en que la disuasión colectiva y el respeto a la soberanía son precisamente los pilares que han mantenido la paz en el Atlántico Norte durante más de siete décadas.
Europa cierra filas ante la presión comercial
La reacción europea fue rápida y coordinada. Desde Bruselas, los máximos responsables de la Unión Europea expresaron su respaldo explícito a Dinamarca y a la población groenlandesa. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron que los nuevos aranceles amenazan con abrir una espiral de represalias que podría deteriorar gravemente las relaciones transatlánticas.
En París, Emmanuel Macron fue aún más tajante al rechazar cualquier forma de intimidación económica. Berlín y Estocolmo, por su parte, subrayaron que ninguna decisión sobre Groenlandia puede tomarse sin el consentimiento de Dinamarca y de los propios groenlandeses. Incluso en Londres, tradicionalmente alineado con Washington, el tono fue de clara incomodidad ante la posibilidad de que se penalice a aliados por cumplir compromisos de seguridad colectiva.
Más allá de la retórica, el conflicto amenaza con tener consecuencias tangibles. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Estados Unidos, y un aumento de aranceles del 10% —o incluso del 25%, como ha prometido Trump si no hay acuerdo antes de junio— podría encarecer desde medicamentos y componentes industriales hasta piezas aeronáuticas. En un contexto de inflación persistente y preocupación por el coste de la vida, el impacto político en ambos lados del Atlántico no sería menor.
Política interna, mercados y un precedente incómodo
El momento elegido para la ofensiva comercial tampoco es casual. La administración Trump enfrenta presiones internas para aliviar el coste de la vida, y recientemente ha dado marcha atrás en algunos aranceles sobre alimentos y ha impulsado medidas para abaratar el crédito. En ese marco, castigar a socios europeos con nuevos gravámenes parece una apuesta arriesgada que podría trasladar el coste directamente a consumidores y empresas estadounidenses.
En el Congreso, las reacciones reflejan una fractura inusual. Algunos legisladores respaldan la idea de que Groenlandia es un activo estratégico vital; otros advierten que utilizar aranceles contra aliados debilita a Estados Unidos y favorece, paradójicamente, a sus rivales geopolíticos. La incertidumbre se ve agravada por el debate legal sobre la autoridad del presidente para imponer estas medidas, un asunto que el Tribunal Supremo deberá aclarar en breve.
Más allá del desenlace inmediato, el episodio deja un precedente inquietante. Convertir la política comercial en un arma para forzar concesiones territoriales rompe con normas no escritas que han guiado las relaciones entre aliados occidentales desde la posguerra. Si el pulso por Groenlandia continúa escalando, el daño podría ir mucho más allá de los aranceles, erosionando la confianza mutua en un momento en que la cohesión atlántica es, paradójicamente, más necesaria que nunca.
