El presidente Donald Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos adquirirá una participación del 10% en Intel, el emblemático fabricante de semiconductores que atraviesa serias dificultades financieras. La operación, inédita en la historia reciente de la primera potencia mundial, supone transformar las subvenciones otorgadas bajo la Chips Act de 2022 en acciones de la empresa. Se trata de un movimiento que aproxima a Washington a una estrategia de intervención económica más propia de la Europa de posguerra que de la ortodoxia del libre mercado estadounidense.
Trump explicó desde el Despacho Oval que la propuesta fue bien recibida por Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel. “Dije que sería bueno tener a Estados Unidos como socio. Ellos aceptaron, y creo que es un gran acuerdo para ellos”, declaró el presidente. El anuncio impulsó a la acción en bolsa: los títulos de Intel subieron un 5,5% el mismo viernes.
El cambio de rumbo confirma que la Casa Blanca está dispuesta a utilizar su músculo financiero y regulador para garantizar la soberanía tecnológica del país. Ya no se trata solo de otorgar subsidios a la industria, sino de participar activamente en la gestión de empresas consideradas estratégicas.
Un gigante en crisis y un gobierno cada vez más interventor
La fragilidad de Intel contrasta con el auge de competidores como TSMC y Samsung. Mientras estas compañías han consolidado su liderazgo en la producción de chips avanzados y multiplicado sus inversiones en suelo estadounidense, Intel arrastra pérdidas operativas de 13.000 millones de dólares en 2024 y dificultades para atraer clientes externos a su negocio de fabricación. El retraso en las obras de nuevas plantas en Ohio alimentó dudas sobre si la compañía cumpliría con los hitos necesarios para recibir la totalidad de los 10.900 millones de dólares inicialmente comprometidos por la administración Biden.
La entrada del Estado como accionista busca rescatar un activo considerado vital para la seguridad nacional. “Este es quizá el movimiento de inversión más existencial que el gobierno estadounidense haya considerado jamás”, apuntó Daniel Newman, director ejecutivo de The Futurum Group. “En el terreno de las compañías nacionales, nadie salvo Intel tiene la capacidad de fabricar chips de última generación”.
Trump ha dejado claro que el caso de Intel podría ser el primero de una serie. El gobierno ya negoció con Nvidia y AMD para permitirles vender procesadores de inteligencia artificial en China, a cambio de transferir parte de los ingresos al Tesoro estadounidense. También obtuvo una “acción dorada” en U.S. Steel antes de autorizar su compra por la japonesa Nippon Steel, garantizándose así poder de veto en decisiones estratégicas.
Entre la seguridad nacional y el riesgo empresarial
El movimiento abre un debate incómodo: ¿hasta qué punto debe Estados Unidos sacrificar su tradición liberal para blindar industrias clave frente a China y otros rivales? Mientras TSMC avanza con un ambicioso plan de inversión de 100.000 millones de dólares en Arizona, y produce chips para Apple o Nvidia, Intel depende cada vez más del apoyo gubernamental para mantenerse a flote.
El trasfondo geopolítico es evidente. La administración Trump ha elevado el control sobre empresas con vínculos pasados en China, llegando incluso a cuestionar la permanencia de Lip-Bu Tan en la cúpula de Intel por sus inversiones en startups chinas. Aunque el presidente suavizó su postura tras reunirse con él, el episodio muestra cómo la política industrial estadounidense se ha convertido también en política de seguridad nacional.
En los próximos meses, la atención se centrará en si Washington replicará este modelo con otras compañías tecnológicas, y si Intel será capaz de revertir su declive gracias a la inyección de capital y al respaldo directo del Estado.
Un precedente que redefine el modelo estadounidense
La decisión marca un hito en la relación entre el sector privado y el gobierno en Estados Unidos. En la práctica, supone reconocer que el libre mercado por sí solo no basta para sostener la competitividad tecnológica frente a gigantes como China, Taiwán o Corea del Sur. Trump lo resumió con franqueza: “Hacemos muchos acuerdos como este, y haré más”.
La pregunta de fondo es si esta transición hacia una suerte de capitalismo de Estado selectivo reforzará la posición de Estados Unidos en la carrera por los semiconductores o si, por el contrario, introducirá nuevas distorsiones en una industria ya sometida a tensiones globales.
Lo que resulta innegable es que el país se adentra en terreno desconocido. Intel, que alguna vez fue el símbolo del poderío tecnológico norteamericano, se convierte ahora en laboratorio de un experimento político y económico que podría redibujar los límites entre Estado y mercado en el siglo XXI.
